25 de enero del 2023

Por: Andrea Aviña

El año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal por incidir en las competencias de este órgano regulador y poner en riesgo sus facultades y funciones esenciales conferidas en la Constitución y las leyes. En este sentido, se ha planteado un impacto en su autonomía y su ejercicio. Ante esto, se vuelve relevante conocer las decisiones que se han tomado en cuanto a las asignaciones realizadas a este órgano en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2023.

El 28 de noviembre de 2022 se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2023, en el que se estima un gasto neto total de $8,299,647,800,000 MXN, cantidad aprobada por la Ley de Ingresos y que supone un aumento real de 13% con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal del año anterior.

Destacan tres dependencias con mayor aumento de presupuesto: la Secretaría de Turismo (115%), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (80%) y la Secretaría del Bienestar (32%). Las empresas estatales de Pemex y CFE y las entidades de control directo como IMSS e ISSSTE son en las que se concentra una gran parte de los recursos económicos.

En contraste, se ajustaron a la baja los presupuestos de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) -21%, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) -9%, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con -4% y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) -5%.

Ahora bien, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 se había considerado asignar $1,680.0 MDP al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se encuentra dentro del gasto programable, es decir, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se llevó a cabo una disminución a 1,662.0 MDP, es decir, hubo una variación de -1.1%.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del presupuesto del IFT en los ejercicios fiscales que comprenden de 2018 a 2023. Como se puede observar, la cantidad de recursos adjudicados a este órgano autónomo descendería a partir de 2019 para, posteriormente, aumentar en los últimos dos años.

Con la intención de conocer el presupuesto asignado al IFT, específicamente para bienes y servicios de TIC, se realizó un análisis por objeto del gasto. Los capítulos identificados para la adquisición de bienes y servicios TIC son el 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios generales y 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

2000 Materiales y suministros

El gasto en TIC’s asignado al capítulo 2000 ascendió a un total de $365,000 MXN, que incluye tres subcapítulos —21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción, 21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones y 21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos—. Estos se destinarán a la adquisición de materiales y útiles de impresión y reproducción para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; así como materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.

3000 Servicios generales

Lo asignado al capítulo 3000 supone $100,426,530 MXN y se divide en los subcapítulo 3100, 3200, 3300 y 3500.

3100 Servicios básicos, aquellos que permiten el funcionamiento de los entes públicos, tales como postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.

3200 Servicios de arrendamiento de equipo y bienes informáticos.

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, que costean erogaciones por contratación de personas físicas o morales que prestan servicios informáticos profesionales.

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, que suponen asignaciones para el mantenimiento de bienes informáticos.

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El monto total conferido para TIC’s en el capítulo 5000 es de $38,758,679 MXN, que a su vez se divide en los siguientes subcapítulos:

5200 Mobiliario, equipo educacional y recreativo, equipos, aparatos, refacciones y accesorios audiovisuales.

5600 Maquinaria, equipo, herramientas, refacciones y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones.

5900 Activos intangibles, entre los que se encuentran el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, como software, y licencias.

Como se puede observar, destacan cinco subcapítulos del objeto del gasto en TIC’s. La tendencia se inclina a destinar más recursos económicos a servicios y a bienes intangibles, antes que a materiales y suministros. Esto se relaciona con la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, que surgió, por un lado, para solucionar la ausencia de la ejecución de una estrategia digital sustentada tecnológicamente, la carencia de infraestructura y el debilitamiento de las capacidades técnicas del Estado y, por el otro, para instaurar una nueva vía de desarrollo para la población a través de los temas de informática, tecnologías de la información, comunicación y de gobierno digital.

La creación de un nuevo paradigma y el contexto socio-histórico no sólo nacional, sino global hacen que los temas como tecnología, gobierno digital, conectividad, inclusión digital, software libre, estándares abiertos, digitalización de trámites, sistemas e infraestructura interoperables y seguridad de la información sean prioritarios para crear un país digitalizado y un Estado centrado en las necesidades ciudadanas.

De acuerdo con la tabla anterior, entre 2022 y 2023 se registran recortes e incrementos en los subcapítulos antes mencionados. Se ha puesto principal énfasis en la importancia de invertir en los ámbitos de Software y Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas. Esto fomentaría la creación de un gobierno digital, apoyaría la implementación y ejecución de políticas públicas, el mejoramiento de los servicios digitales gubernamentales, infraestructura de TIC’s, contribuiría a la soberanía tecnológica y orientaría las estrategias para lograr la conectividad en todo el país.

Asimismo, favorecería la viabilidad de desarrollar sistemas propios, diversificar las opciones tecnológicas e incentivar la competencia y la participación de más empresas prestadoras de servicios las PyMEs. En relación con lo anterior, los contratos marco, al ser abiertos a todos los participantes e imparciales, suponen una herramienta que permite la estandarización de los componentes tecnológicos, así como el precio entre bienes y servicios similares.